Fondo de Investigación Pesquera y Acuicultura (FIPA)- SUBPESCA

Objetivo general

Analizar críticamente el ordenamiento jurídico que regula la fiscalización pesquera y acuícola en Chile, con la finalidad de identificar brechas y proponer mejoras de carácter regulatorio, incluyendo las legales y administrativas, para fortalecer los sistemas de monitoreo, control y vigilancia pesquera, así como el régimen sancionatorio, las capacidades y competencias de los órganos del Estado.

Objetivos específicos

1. Identificar brechas, debilidades y oportunidades de mejora en los sistemas actuales de monitoreo, control y vigilancia (MCV), en función de su aplicación normativa, operativa y tecnológica.
2. Evaluar la efectividad de las herramientas jurídicas, tecnologías y protocolos utilizados en los procesos de fiscalización pesquera, incluyendo i) el análisis de las herramientas jurídicas según clasificación de infracciones, proporcionalidad de las multas, eficacia disuasoria y sede de tramitación; ii) en relación con las tecnologías y protocolos, su capacidad de cobertura, oportunidad, trazabilidad de la información, su interoperabilidad sistémica como registro electrónico concurrente de un mismo evento de pesca; iii) la idoneidad de los procedimientos sancionatorios y las sanciones previstas en la Ley General de Pesca y Acuicultura y la normativa relacionada.
3. Analizar la articulación institucional y el marco normativo vigente, tanto a nivel nacional como internacional/regional, en relación con la fiscalización de la actividad pesquera.
4. Proponer mejoras orientadas al fortalecimiento de la función fiscalizadora pesquera y de acuicultura, con el fin de optimizar los sistemas de monitoreo, control y vigilancia mediante la actualización de las tecnologías, la optimización de los procesos y del sistema sancionatorio, junto con los correspondientes ajustes normativos en estos aspectos.
5. Identificar brechas y proponer mejoras en la organización y la orgánica interna de la autoridad fiscalizadora pesquera y de acuicultura, que promuevan la eficacia de los sistemas de MCV, en función de su aplicación normativa, operativa y tecnológica, así como de los procesos sancionatorios, excluyendo las competencias de las autoridades fiscalizadoras con competencias netamente ambientales.

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