Más de $1.800 millones destinó el Gobierno a investigación científica directa de la sardina y anchoveta de la macro zona centro sur del país para este 2015. Las iniciativas son financiadas por el Gobierno vía el Fondo de Investigación Pesquera (FIP), un convenio con el Instituto de Fomento pesquero (IFOP) y la línea de investigación denominada Subtítulo 22.

Cabe destacar que cada una de las iniciativas se encuentran financiadas en el presupuesto de la Nación, aprobado en diciembre pasado por el Congreso.

Según explicó la directora zonal de Pesca y Acuicultura de la Región del Biobío, Lilian Troncoso, "existe un esfuerzo muy importante desde el punto de vista económico y de capital e infraestructura científica destinado a estudiar la sardina y anchoveta de esta zona del país y así poder disponer de la mejor información para la toma de decisiones".

Entre los proyectos que se destacan están dos "evaluaciones hidroacústicas de los stock de anchoveta y sardina" ejecutados por el IFOP en el buque de investigación científica Abate Molina y el de "identificación de áreas de conservación o resguardo para los recursos anchoveta y sardina común en la zona centro-sur y se suman a estos el monitoreo del estado del recurso que está realizando el IFOP desde febrero del 2015 en nuestra Región".

Lilian Troncoso afirmó que "en la pesquería de sardina se ha presentado durante este año, una la alta presencia de individuos bajo la talla de referencia recomendada por el comité científico para la captura y además, una disminución importante de su biomasa, por lo que como autoridad regulatoria hemos definido medidas de manejo como vedas biológicas para resguardar la sustentabilidad de la pesquería. Adicionalmente, en el último informe del estado de las pesquerías realizado por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, la anchoveta aparece como uno de los ocho recursos declarados en colapso".

La información científica desarrollada en el país es clave para la administración de los recursos pesquero y son parte de los insumos para la determinación de cuotas de captura, fijación de vedas biológicas y extractivas, entre otras normativas regulatorias.

Cabe destacar que de forma indirecta, para este 2015, el Gobierno destinó también más de $1.400 millones en proyectos asociados a estas pesquerías en donde se incluyen programas como el de observadores científicos a bordo de naves industriales y artesanales o el de contratación de asesoría científica para el diseño e implementación de evaluación de estrategias de manejo.