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Subsecretario de Pesca y Acuicultura: “La industria salmonera debe mejorar de manera urgente su relación con las comunidades”

Publicado: 24-oct-2017

Autoridad nacional recordó que el Estado, tras enfrentar la crisis del virus ISA, “lideró una tarea reguladora y fiscalizadora para todo el sector, creando programas de apoyo para los prestadores de servicios y trabajadores afectados. Iniciativa que ha logrado hasta hoy mantener un mecanismo de control del crecimiento de la producción asociado a indicadores ambientales y sanitarios, valorada por todos”.

El subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Berazaluce manifestó que no comparte las expresiones del presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, Felipe Sandoval, sobre su preocupación por la capacidad de la institucionalidad, recordando que durante el primer periodo de la Presidenta Bachelet, “se refundaron las bases de la acuicultura, a través de una legislación que tuviera por principio la sustentabilidad de la actividad para así asegurar una proyección en el futuro. Modelo que se consolidó durante este periodo, con buenos resultados ambientales y sanitarios, valorado por los propios actores y la banca”.

Berazaluce agregó que si bien la industria salmonera no ha sido capaz de visualizar estos avances, los resultados están a la vista. “Pese a la emergencia ambiental vivida el año pasado con el bloom de algas, hoy las salmoneras están obteniendo excelentes resultados económicos, en un escenario en que no se han presentado grandes eventos sanitarios. Eso no es casualidad, se debe a que el Gobierno ha logrado establecer un mecanismo de control del crecimiento de la producción asociado a indicadores ambientales y sanitarios, donde se han eliminado regulaciones excesivas y burocráticas que ya no tenían sentido en un modelo que se plantea claros objetivos”.

“La industria no debe olvidar que no son los únicos actores de la actividad, también lo son sus trabajadores, los prestadores de servicios y otros quienes sufren los embates de malas decisiones de las empresas, como aumentar descontroladamente la producción o no tener buenas prácticas ambientales y sanitarias. Por ende, los costos de las crisis no son solo para las empresas, sino para todo el sistema, incluso para las comunidades en que se inserta la actividad”.

Indicó que deben realizar un análisis de introspección para indagar las causas y abordar los desafíos que plantea su relación con las comunidades en que realiza su actividad. “Las relocalizaciones no han avanzado efectivamente pero no basta responsabilizar al Estado. Debemos transparentar lo que ha ocurrido”.

Más de 1.000 solicitudes

La autoridad nacional señaló que “la industria olvida mencionar que una parte de ella, no quería que sus vecinos pudieran acercarse a sus centros de cultivo, presentaron más de 1.000 solicitudes de choritos en la región de Aysén, situación que obligó a dictar una ley que permitiera rechazar las solicitudes y cerrar el acceso a todo tipo de concesiones, generando un bloqueo de todo el proceso por cerca de tres años. El parlamento impuso como condición considerar los caladeros de pesca y en ello manifestó su preocupación por la forma como la industria ha dado las espaldas tanto a la pesca artesanal como a las comunidades en que se desarrolla la actividad”.

“El caso de Chiloé fue una muestra inequívoca de esta tarea pendiente. Las acusaciones en su contra surgieron precisamente porque la comunidad no los aprecia ni reconoce su trabajo y relación saludable con los vecinos. Esto es un síntoma claro que la industria no ha sido capaz de ponderar este elemento clave para la sustentabilidad de cualquier actividad económica”.

“Mientras cada cual no asuma su responsabilidad y aborde las tareas pendientes que son de su cargo con decisión, seguiremos enfrentando obstáculos para sacar adelante objetivos de gran envergadura como las relocalizaciones”, puntualizó.